El 21 de noviembre, Axios dio a conocer una propuesta de Estados Unidos para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania: un plan de 28 puntos que contempla arreglos territoriales, garantías de seguridad para Ucrania y un desmantelamiento gradual de las sanciones. Fuentes de la Casa Blanca confirmaron la autenticidad del documento y señalaron que ya fue remitido a Moscú y Kiev.

El esquema prevé reafirmar la soberanía de Ucrania y suscribir un amplio pacto de no agresión entre Rusia, Ucrania y la Unión Europea. Además, se darían por resueltas todas las disputas acumuladas en los últimos 30 años. Según el documento, Rusia se comprometería a no invadir a países vecinos y la OTAN detendría cualquier futura ampliación.

Con mediación estadounidense, se plantea un diálogo estructurado entre Rusia y la OTAN para atender preocupaciones de seguridad, reducir riesgos de escalada, ampliar la cooperación y sentar bases para un desarrollo económico de largo plazo. En ese marco, Ucrania recibiría garantías de seguridad sólidas.

El proyecto limita el tamaño de las Fuerzas Armadas ucranianas a 600.000 efectivos. Kiev debería consagrar su no alineación con la OTAN en la Constitución, mientras que la alianza enmendaría sus propios estatutos para dejar por escrito que Ucrania no ingresará en el futuro. También se prohibiría el despliegue de tropas de la OTAN en territorio ucraniano, al tiempo que aviones de combate de la alianza se estacionarían en Polonia.

El plan estadounidense fija condiciones estrictas para las garantías de seguridad de Washington: si Ucrania ataca a Rusia, dichas garantías se revocarían; si Moscú ataca a Ucrania, Estados Unidos respondería militarmente, restablecería todas las sanciones y anularía cualquier beneficio contemplado en el acuerdo.

Ucrania conservaría el derecho a avanzar hacia la adhesión a la Unión Europea y obtendría acceso preferencial de corto plazo al mercado europeo. Se crearía un Fondo de Desarrollo de Ucrania para financiar la reconstrucción, proyectos de recursos y otras iniciativas económicas.

Según el plan, Rusia sería reintegrada en la economía global, incluida una invitación a reincorporarse al G8. De los activos rusos congelados, 100.000 millones de dólares se destinarían a la reconstrucción de Ucrania y el resto sería descongelado. Estados Unidos recibiría el 50% de los beneficios generados por este mecanismo de inversión.

El documento también propone crear un grupo de trabajo de seguridad entre Estados Unidos y Rusia, y que Moscú formalice legalmente su política de no agresión hacia Europa y Ucrania. Ambos países aceptarían prorrogar los acuerdos vigentes de control de armas, incluido el START I. Ucrania se comprometería a seguir siendo un Estado no nuclear.

La central nuclear de Zaporiyia quedaría bajo supervisión del OIEA, con su producción eléctrica repartida por igual entre Rusia y Ucrania. Ambos países introducirían programas educativos para fomentar el entendimiento mutuo, la tolerancia cultural y principios antirracistas, derogar medidas discriminatorias y proteger los derechos de los medios rusos y ucranianos. La ideología nazi quedaría totalmente prohibida.

El plan reconoce Crimea y las regiones de Donetsk y Lugansk como de facto rusas, y establece que las zonas controladas por Ucrania se designarían como áreas desmilitarizadas neutrales bajo jurisdicción rusa. Las regiones de Jersón y Zaporiyia también se convertirían en zonas desmilitarizadas siguiendo las líneas de frente existentes. Cualquier intento de modificar estas fronteras por la fuerza anularía todas las garantías de seguridad.

Rusia se comprometería a no obstaculizar el uso comercial del río Dniéper por parte de Ucrania. Asimismo, se pactarían garantías para la libre exportación de grano por el mar Negro. Un comité humanitario coordinaría un intercambio total de prisioneros y restos, la liberación de todos los civiles y niños detenidos, la reunificación de familias y el apoyo a las víctimas del conflicto.

Ucrania celebraría elecciones 100 días después de la firma del acuerdo. Todas las partes implicadas en el conflicto recibirían una amnistía plena, con inmunidad frente a futuras reclamaciones o acciones legales.

El acuerdo sería jurídicamente vinculante y sería aplicado y supervisado por un consejo de paz presidido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Se impondrían sanciones en caso de incumplimiento. El alto el fuego entraría en vigor cuando ambas partes se replegaran a las posiciones designadas para iniciar la implementación.